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Manuel Millones solicita crear DICOM para entidades públicas morosas

Promedio mensual de reclamos por retrasos en pagos de prestaciones de Pymes sube exponencialmente.
               Al recoger la denuncia de distintos proveedores, propietarios de pequeñas y medianas empresas, el Consejero Regional Manuel Millones dio a conocer que la morosidad de las entidades públicas y en especial de las municipales, están llevando a los dueños de Pymes a la quiebra.
               Frente a ello, Millones solicitó la posibilidad de crear un Dicom de las entidades públicas morosas, al precisar que es un hecho que ha constado mediante reclamos en distintos puntos del país y que se agudiza en la Quinta Región.
                Prueba de lo anterior, precisó que el portal público encargado de las licitaciones ChileCompra creó un Observatorio donde reúne  los reclamos de los proveedores del Estado. Ahí se aprecia que el promedio mensual de reclamos  el año 2011 era de 864 casos, cifra que subió a 1.146 el 2012 y que en lo que va corrido del 2013 alcanza un promedio mensual de 1.953 a nivel país.
               Millones precisó que por ley “los contratos que suscriben los proveedores con los municipios y otras entidades públicas establecen que el pago es a 30 días. No obstante siempre estas entidades públicas se las ingenian para retrasar y dilatar la cancelación de los servicios 60, 90 y hasta 180 días”.
               El Consejero agregó que “no es solamente que sean malos pagadores las empresas privadas que se dan el plazo máximo para hacerlo, sino que en el caso público es más complejo porque hablamos de pequeños proveedores, de la pequeña y mediana empresa, que para poder prestar los servicios que se adjudicaron en licitación pública, se tienen que endeudar, pedir créditos para cumplir con los compromisos que son al instante y además pagar los honorarios de los trabajadores”, precisó.
               Frente a esto, Millones afirmó que “sin embargo, las municipalidades los agobian con una burocracia enfermiza, con tramites dilatorios, sin una respuesta seria, lo que ocasiona que estos pequeños o se van a la bancarrota o queden muy endeudados y sin ninguna gana de prestar nunca más un servicio”.
               Con el fin de que esto se solucione, el Core solicitó un control más estricto de la ley, “ya que en especial las municipalidades se las están ingeniando para dilatar pagar mediante subterfugios y  mediante la redacción de bases que están yendo incluso por sobre la ley y si la ley establece que el pago es a 30 días no puede ser que por una base o un reglamento interno se dilate la cancelación por un tiempo innecesario y que en algunos casos resulta fatal para el pequeño empresario”, finalizó.

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