Por Marcelo Schilling Rodríguez, diputado de la República.
El sistema político y su personal (mal llamado “clase política”) están en cuestión. Ello, derivado de casos de financiamiento ilegal de campañas políticas. Esto ha puesto en evidencia una especie de “relación incestuosa” entre empresas y política, la cual ha profundizado la distancia entre la ciudadanía y la sociedad política (el Estado).
También la sociedad cuestiona el uso y abuso que empresas hacen de su posición dominante en una economía altamente concentrada – sobre el consumidor y sobre el gobierno (sistema político).
Los casos son muchos como para pensar que se trata de cuestiones episódicas o excepcionales.
A mi juicio, el origen de estos males de nuestra convivencia civilizada y democrática está en el modelo que regula la vida nacional, caracterizado por el predominio del interés privado sobre el público, del interés particular sobre el general, que hace del dinero y de su obtención fácil, y rápida, el nuevo ídolo. Atrás quedó el orgullo personal o familiar de haber logrado éxito a través del trabajo y el esfuerzo de las personas o de generaciones.
En este marco, el destino de la ética (del respeto por el otro o por las normas de convivencia civilizada) es debilitarse, pues la misma no se fortalece con clases al respecto sino con el ejemplo, en especial de las élites.
De aquí la necesidad de cambiar el modelo cuyo símbolo y fuerza está en la actual Constitución. Una nueva Carta Magna debe reponer el papel preponderante del interés general, del bien común, sobre el particular. Es una tarea urgente y de largo aliento, pues sus resultados en la convivencia cotidiana se verán a largo plazo. Pero, este no llegará si no comenzamos ahora.
En lo inmediato, para restablecer en algo la credibilidad de la ciudadanía sobre el sistema político y su personal se debe hacer verdad, y sancionar (judicial, ética y políticamente) a quienes sean responsables de haber cometido ilícitos o evidentes faltas éticas. Si ello no ocurre, el pueblo no creerá en ninguna solución legislativa. Este es el prerrequisito del éxito de las recomendaciones del Consejo que preside Eduardo Engel y que fue designado por la presidenta Bachelet para recomendar medidas que el futuro eviten las prácticas malsanas en la política, las empresas, el dinero y en la relación entre ellas.
