¿Se debería derogar el artículo que concede invariabilidad tributaria a las empresas mineras nacionales?

Después de que se diera a conocer el intercambio de correos entre Pablo Longueira y ex gerente general de SQM Patricio Contesse, se re abrió el debate sobre el royalty minero y la posible derogación de un artículo de esta ley.

Por Marcelo Schilling, Diputado PS.

SE FABRICÓ UN BENEFICIO A LA MEDIDA

               Se ha reabierto el debate sobre el Royalty minero, gracias a la filtración de la correspondencia que mantuvieron el ex senador UDI Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse por la elaboración del artículo que extendió la invariabilidad tributaria a algunas empresas nacionales.

               Cuando el 31 de agosto de 2010 el gobierno de Piñera solicitó ampliar, vía Proyecto de Ley, los años de extensión del beneficio de invariabilidad tributaria -que mantenía tasas fijas de impuesto-, para las empresas mineras y la mantención del Decreto Ley Nº 600 de 1974, sobre estatuto de la inversión extranjera, se estimó que dicha propuesta no resultaba inoportuna para reconstruir el país devastado por el terremoto y tsunami del 27 F.

               El Gobierno de la época aceleró en cuanto pudo la tramitación de la ley y pese a las constantes críticas de la oposición de entonces, (Nueva Mayoría), esta se aprobó en los términos propuestos por el Gobierno, accediendo a comprometer posteriores revisiones que fueron abordadas por el segundo Gobierno de Bachelet.

               La extensión del plazo de invariabilidad tributaria representaba un estímulo para que el inversionista extranjero, ya acogido a un sistema de invariabilidad, optara voluntariamente a un régimen impositivo transitorio con tasas más altas y un mayor pago de Impuesto Específico. Como el Estado de Chile había asumido el compromiso de respetar las tasas acordadas en los contratos de inversión extranjera y requería percibir mayores tributos para la reconstrucción, debía ofrecer una suerte de compensación a los inversionistas.

               Por el rechazo que esto provocaba en los parlamentarios de la oposición de la época, el Gobierno argumentó que el proyecto era la extensión de una invariabilidad tributaria que pretendía, una continuidad con respecto de aquellas empresas que gozaban de este beneficio, para lograr un cambio voluntario de su situación tributaria. Esto ocurre respecto de explotadores extranjeros suscriptores de contratos de inversión extranjera con el Estado chileno, pero no respecto de explotadores nacionales.

               Muy distinto a lo anterior fue lo que ocurrió con la extensión de la invariabilidad tributaria a explotadores nacionales, porque no había necesidad de generar incentivos para que estos accedieran a tributar en las nuevas tablas de tasas del Impuesto Específico a la actividad minera. Ninguno de ellos mantenía contratos vigentes con el Estado relativos a la invariabilidad de los tributos, quedando sujetos a las normas generales sobre tributación. Es decir, se fabricó un beneficio a la medida de ciertos explotadores chilenos, como SQM Salar y SQM Nitratos, utilizando argumentos falaces y aprovechando la premura en la tramitación de una norma imprescindible en la obtención de recursos para la reconstrucción y para el enriquecimiento de ciertos grupos económicos.

               No negamos que la corrupción es un flagelo que ha lacerado nuestras instituciones. Por lo mismo, hay que ser intolerantes ante estos hechos. No existe una justificación racional que haya sustentado la aprobación de un artículo de las características del actual cuarto transitorio, ni que pueda sustentar su mantención en la actualidad.

               Por ello, decido presentar un proyecto de ley que suprima el artículo cuarto transitorio de la ley Nº 20.469, que autoriza el acceso al régimen de invariabilidad tributaria para empresas no receptoras de aportes de inversionistas extranjeros. Creemos que las circunstancias cuestionables con que se llegó a esta ley hacen necesaria su revisión.

               Es importante la estabilidad económica para incentivar la inversión privada. Pero es igual de importante mantener la estabilidad política del sistema democrático. Por eso debemos ser implacables ante cualquier atisbo de corrupción.