Por Ricardo Andrés Loyola, Abogado.
Con estupefacción, los chilenos informados hemos visto como momias de la cultura Chinchorro se encuentran abandonadas a su suerte, sin protección alguna, siendo que la ley 17.288 en su Artículo Primero reza: “Son monumentos nacionales y quedan bajo la tuición y protección del Estado, los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes….”.
El Estado chileno, garante de los bienes patrimoniales, se irroga asimismo el deber de proteger estas piezas que, a todas luces, caben en la ley y para eso designa como ente responsable al Consejo de Monumentos Nacionales, institución que parece se ha vuelto anquilosada, esencialmente política, decimonónica y persecutor penal muchas veces, pero ya no un garante de la defensa y protección del patrimonio.
Sin embargo, el caso de las momias Chinchorro no es el único. Hace un año atrás, en la ciudad de Quilpué, la Sociedad de Historia y Geografía de Chile denunció el hallazgo de un gonfoterio y piezas arqueológicas en el estero de la localidad, siendo informado, sobre lo cual el Consejo nada hizo y viendo la amenaza de que las piezas fuesen vendidas por quien realmente las extrajo, se llevaron a un museo donde se resguardan hasta nuestros días.
El caso es que el Consejo de Monumentos, sabiendo el peligro que corren las piezas, sólo optó por perseguir criminalmente a la corporación y no resguardarlas. Incluso, a la fecha, se siguen interrogando a personas en dependencias de la PDI, más del Consejo nada se sabe y hoy el sitio arqueológico ha sido destruido por maquinaria pesada, a vista y paciencia de quienes protegen el patrimonio.
Realmente, las cosas no están bien con nuestro patrimonio y se necesita una reforma estructural y de base del mencionado servicio público, el cual debe dotarse de personal capacitado y calificado, que sepa dónde está y no termine preguntando o problematizando sobre materias obvias y de toda lógica, como por ejemplo, el por qué debe cavarse para sacar mineral aurífero, por decir un caso.
Si esto no es así, y considerando que el Estado de Chile es la nación políticamente organizada, siendo que la nación la conformamos todos y cada uno de los ciudadanos, es de nosotros el deber y el derecho de proteger nuestro patrimonio, y si como personas individuales o actuando colectivamente rescatamos piezas o damos alertas de destrucciones, el Fisco no debería perseguirnos criminalmente, sino todo lo contrario, apoyar y colaborar en estos temas que en verdad interesan a la ciudadanía, la cual cumple el rol que el Estado, o sea, esa misma ciudadanía políticamente organizada, se asigna a sí misma.
Finalmente, si nadie hace nada, nuestro patrimonio tenderá a desaparecer poco a poco, ya sea en el mercado negro o lisa y llanamente en el mercado formal de venta de “objetos curiosos” ya que, si la institucionalidad que es el Consejo de Monumentos no hace nada al respecto y no deja actuar tampoco a la ciudadanía organizada y consciente, sólo está dando luz verde a quienes trafican y quienes hacen desaparecer nuestra cultura, faltando gravemente al Artículo Primero de la ley, que le encarga esta misión.
