En reunión con el seremi de Educación, Alejandro Tapia, expusieron un nuevo problema que surge para los apoderados al cambiar los alumnos vulnerables por prioritarios y obligar a los colegios a incorporarse a la Ley SEP.
Nuevamente, la Red de Sostenedores de Colegios Particulares Subvencionados, Redco V Región, se dirigió a la Secretaría Ministerial de Educación regional para exigir reglas claras en la implementación de la Ley de Inclusión, esta vez por el cambio de la denominación de vulnerables a prioritarios, lo que traerá graves consecuencias a las familias de Chile.
“Nosotros vinimos a exponer al Seremi de Educación un tema puntual que tiene que ver con la interpretación de la Ley de Inclusión que hoy se hace respecto a los alumnos prioritarios. La ley eliminó el concepto de vulnerables, incorporando el de prioritarios. En ello, existe una mala interpretación por parte de la autoridad al indicar que el 15% es un piso y no un techo como estaba estipulado anteriormente. Pues ahí está el error de interpretación, y nosotros lo hicimos ver, y ellos insisten en esta interpretación errónea. Lamentablemente, el seremi Alejandro Tapia y el director provincial, José Jiménez, no tienen respuesta clara y quedaron en que iban a escalar la consulta para entregar una consulta en 10 días más”, explicó el vocero de Redco V Región, Jaime Molina.
Asimismo, añadió que esto afecta a muchas familias, “porque en definitiva no hay coincidencia en lo que son los alumnos prioritarios con los ex alumnos vulnerables. Promedio por colegio, nosotros estimamos que hay un 40% de alumnos vulnerables que no van a estar con el beneficio que actualmente tiene la condición de prioritario, entendiendo que son familias que históricamente han estado estudiando en nuestros colegios exentos de pago, y ahora, tal como lo dijo el director provincial, tendrían que pagar o bien buscarse un colegio donde estudien gratuitamente”.
En este sentido, el vocero agregó que otro punto importante que le hicieron presente al seremi y al director provincial, “son las acciones que estaba tomando el Departamento Jurídico a través de la Unidad de Apoyo al Sostenedor, invitando a los sostenedores a adscribirse a la Ley SEP. Lamentablemente, estas citaciones han sido informales, vía telefónica, y se está invitando a los colegas sostenedores a participar en una interpretación errada de la ley, por lo tanto, creemos que eso es gravísimo y le hemos pedido que eso por favor se detenga hasta que tengan las reglas claras del juego y ahí recién nos inviten a participar de lo que significa la Ley SEP”, aclaró.
Ante la situación, Tatiana Arancibia, secretaria de Redco V Región indicó que “en realidad no tienen claro los conceptos. Sin embargo, lo que especifican unas presentaciones que nos han llegado nos indica que los vulnerables se cambian por prioritarios. Si nosotros lo interpretamos de esa manera, deberíamos mantener nuestro 15% y no aumentarlo, no obstante, una vez más nos están cambiando las reglas del juego improvisadamente. Esta ley está mal hecha, y todos lo entendemos de esa manera. Par ningún lado les sirve, ni para nuestros apoderados ni para nuestros alumnos, ni para nuestros colegios. Ya basta de improvisaciones. Si quieren una reforma, que sea una reforma justa, clara para todo un país que está esperando realmente mejorar en la calidad de la educación”.
Citaciones telefónicas
La problemática dice relación con que en las dos últimas semanas los funcionarios de la Unidad de Apoyo a Sostenedores del Mineduc, en diversas regiones, ha comenzado a visitar colegios subvencionados con financiamiento compartido y a citar a reuniones en la Seremi de Educación, lo que se suma una campaña telefónica instando a los sostenedores a ingresar antes del 30 de agosto de 2016 a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP, firmando el respectivo convenio.
En esta campaña indican que por Ley N° 20.845 de Inclusión, el artículo 6 letra a) bis del D.F.L. Nº 2 de 1996 (Ley de Subvenciones), se ha modificado lo que establecía como requisito para impetrar la subvención: que “al menos un 15% de los alumnos de los establecimientos presenten condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”, frase que fue reemplazada por un nuevo artículo 6 letra a) por “al menos un 15% de los alumnos de los establecimientos sean prioritarios conforme a la Ley Nº 20.248”.
Asimismo, señalan que producto de que se deroga el reglamento que permitía a los sostenedores determinar qué alumnos eran calificados de vulnerables, labor que ahora le corresponde al Mineduc, sostienen que ahora existe la obligación de becar a todos los alumnos prioritarios que informe el Mineduc.
Al respecto, desde el año 2004 se exigía tener al menos un 15% de alumnos “vulnerables” en los colegios (ahora prioritarios); y siempre se respetó por parte del Mineduc que el 15% era el techo para el número de becas y el colegio cumplía con tener este 15% de vulnerables, conducta que se ha reiterado hace más de 10 años y que hoy se pretende desconocer con la interpretación que están transmitiendo los funcionarios de la unidad de apoyo a los sostenedores, en que señalan que se deben becar al 100%, es decir, los alumnos prioritarios que el Mineduc determine, forzando de alguna manera el ingreso a Ley SEP de colegios que incluso tienen excelentes resultados pedagógicos y que no requieren dicha subvención.
Cabe señalar que la ley sólo cambio la calidad de alumno vulnerable por la de prioritario, la norma sigue sindicando que el porcentaje es al menos del 15%, por lo que no se justifica este cambio de criterio.
Grave situación
Esta situación es grave por varios motivos. En primer lugar, al eliminarse la calidad de alumnos vulnerables y ser reemplazados por prioritarios, los estudiantes que durante años fueron sujeto de estas becas de exención total que no tengan la calidad de alumnos prioritarios, ahora deberán pagar íntegramente el arancel educacional, siendo una vez más la clase media la perjudicada, porque un alumno vulnerable no coincide necesariamente con el alumno prioritario, que son aquellos que pertenece a los sectores de más escasos recursos del país (programa de ayuda social, Fonasa letra A y otros factores que indica la ley).
Al obligar el Mineduc al sostenedor a becar a todo los alumnos prioritarios, aunque como colegio no estén adscritos a la Ley SEP, lo que hace es quitarle recursos de subvención normal y copago, lo que implica que quita financiamiento y flujo a la gestión de la administración, quien ya no podrá cumplir con sus obligaciones crediticias y operaciones diarias, porque los recursos que ingresan por SEP sólo pueden ser invertidos en un fin de apoyo pedagógico de alumnos que se presume tienen niveles más descendidos de nivel educacional, dada la situación de pobreza extrema en la que se encuentra insertos. Los recursos SEP, por ejemplo, no sirven para pagar docencia de aula regular o pago del crédito hipotecario donde funciona el colegio, o el mayor aumento del valor de la electricidad durante el período de invierno y un sinfín de gastos que se cubren con el copago.
El impacto financiero que tiene esta nueva interpretación antojadiza del Mineduc, una vez más coloca en riesgo la continuidad de los proyectos educativos, porque no sólo les quita las becas a los alumnos vulnerables, sino que pretende quitar recursos a los sostenedores para que puedan seguir desarrollando la gestión de la administración de sus proyectos educativos.
