Conapás, Redco V Región y Confepa pidieron aclarar el tema al Mineduc, a través de la Seremía de Educación de Valparaíso.
Más de 70 sostenedores acordaron en asamblea la entrega colectiva de oficios individuales en la Secretaría Regional Ministerial, con el fin de que el Ministerio de Educación aclare el reemplazo de vulnerables por prioritarios y la presión que muchos sostenedores han sufrido por parte de funcionarios de gobierno para adosarse a la Ley de Subvención Escolar Preferencial, SEP, un tema netamente voluntario.
«Se ha decidido realizar este acto formal, ya que en reuniones sostenidas el seremi Alejandro Tapia nos indicó que era la manera de que obtuviéramos respuesta ante este nuevo nudo que presenta esta mal llamada Ley de Inclusión. Si el 15% de prioritarios es un piso, la mayoría de los colegios que no son SEP van a quebrar, porque el 70% de su matrícula corresponde a alumnos prioritarios. Es fácil hacer una reforma en papel, en que suponen que el Estado va a suplir las necesidades de la Educación que por más de 30 años hemos suplido nosotros», indicó Jaime Molina, vocero de Redco V Región.
A su vez, el vocero de Conapás, Rodolfo Orrego, explicó que lo anterior daña directamente a los padres y apoderados, ya que los colegios no podrán sostenerse bajo esta ley, que los obliga a hacerse particular pagado o cerrar.
«Es fácil implementar una reforma educacional con el bolsillo ajeno. Nosotros no somos megasostenedores, nuestros proyectos educativos se han hecho a fuerza de trabajo y vocación, y no nos rendiremos. De nosotros dependen más de 6 mil colegios, correspondientes a un millón 600 mil estudiantes a nivel nacional, el 54% de la educación chilena y las familias de nuestros profesores y cuerpo docente. Acá no han tocado la calidad en la reforma, sólo les preocupa la parte económica, y todos sabemos que no tienen cómo solventarla. Lo hemos visto hasta en los medios».
Por otra parte, Érika Muñoz, presidenta de Confepa, entregó su pleno respaldo en nombre de los padres y apoderados de Chile a ambas organizaciones, indicando que tienen pleno derecho a elegir los proyectos educativos de sus hijos, que son colegios de calidad a diferencia de los que maneja el Estado, que son para la clase media y anunció una gran manifestación para este próximo 12 de octubre en Santiago.
«Coincidimos plenamente con lo expuesto por los sostenedores. Esta es una mala ley, que no favorece en nada a nuestros hijos. Están improvisando con la educación de nuestros hijos y eso no lo vamos a permitir. El 31 de agosto, los apoderados tendremos una gran asamblea en el Colegio Hispano de Viña del Mar y, el 12 de octubre, una gran marcha por la Educación Particular Subvencionada, que representa al 54% en Chile, y en la que no están los hijos de la clase acomodada de este país, porque ellos están en particulares bien pagados. Deberían haberse preocupado de mejorar la calidad de los colegios públicos, su infraestructura, antes de quitarles los colegios a los que han hecho bien su trabajo».
CAMBIOS IMPROVISADOS
Jaime Molina explicó que, según la ley, los estudiantes vulnerables eran seleccionados por cada establecimiento educacional, por medio de la Ficha de Protección Social y otros documentos que acreditaran su condición de vulnerabilidad. No obstante, con esta nueva ocurrencia, los prioritarios son determinados por una plataforma entregada por el Ministerio de Educación, cuyos criterios son desconocidos.
La subvención de la Ley SEP tiene destinos bien definidos y determina en qué puede o no utilizarse. Al adscribirse a esta ley, acto absolutamente voluntario que no ha sido respetado al enviar funcionarios y reiterar llamadas telefónicas informales presionando a los sostenedores para hacerlo, se pierde el copago que los establecimientos educacionales utilizan para cancelar deudas financieras derivadas de la adquisición de la infraestructura educativa de cada colegio, referente a la implementación de la Jornada Escolar Completa y el simple mejoramiento de los recintos escolares.
Rodolfo Orrego, vocero de la Confederación de Sostenedores de Chile, Conapás, que reúne a 15 organizaciones y a más de mil colegios, recalcó que en reiteradas ocasiones han solicitado mesas de trabajo para modificar y aplazar la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, ya que éste no es el único problema que presenta. Son 17 puntos los que deben ser revisados y mejorados, expuestos ante el secretario de la Reforma Educacional Escolar, Andrés Palma; además de muchas otras implicancias que tienen que ver con la calidad y la preparación de los docentes frente a la desaparición de las Escuelas Especiales y de Lenguaje, entre muchas otras trabas.
Érika Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Chile, Confepa, apoyó férreamente las declaraciones de los sostenedores y, a su vez, anunció una gran manifestación para el día 12 de octubre en Santiago, además de una asamblea que se efectuará el 31 de agosto en el Colegio Hispanoamericano de Viña del Mar. Lo anterior, después del balance que arroja el malestar a nivel nacional de muchos apoderados frente a la famosa tómbola, sistema impersonal y poco planificado que ya se ha puesto en marcha en Magallanes.
