Con una ley corta que se someterá a aprobación dentro del mes de diciembre, senadores de la Nueva Mayoría pretenden paliar las nefastas consecuencias que provocará la improvisada normativa que, lejos de beneficiar la educación, va en desmedro de la calidad y seguridad que los proyectos educativos particulares subvencionados han entregado por más de 30 años.
Las directivas de la Red de Sostenedores Colegios V Región, Confederación de Padres y Apoderados de Chile (Confepa), Colegios Particulares de Chile (Conacep V Región), Confederación de Asociaciones de la Educación Particular Subvencionada de Chile (Conapás) y de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados de Santiago, sostuvieron este miércoles, 16 de noviembre, una nueva reunión con el presidente de la Comisión de Educación, Ignacio Walker, con el objetivo de analizar la petición enviada por el mismo, junto a otros parlamentarios, al Ministerio de Educación, pidiendo se revoquen los plazos referentes a la Ley de Inclusión.
En la instancia, el legislador informó que se enviará una propuesta de Ley Miscelánea con el fin de reducir la incertidumbre que existe a nivel nacional respecto a la normativa y desplazar la fecha estipulada de decisión de los sostenedores de los establecimientos educacionales de conversión a particular pagado, fundación o cierre, del 31 de marzo al 31 de junio de 2017.
Lo anterior puede percibirse como una medida paliativa, sin embargo no soluciona los temas de fondo de la Ley de Inclusión, tanto en temáticas de calidad de la educación, selección personalizada según los intereses de los padres y apoderados, y los trasfondos económicos referentes al interés de la Banca por financiar las ventas obligatorias a las que se ven sometidos los dueños de los establecimientos.
Ley de la Improvisación
Dicha ley es difusa e improvisada, por lo tanto, los sostenedores continúan insistiendo en el aplazamiento de las fechas, con el propósito de planificarla en conjunto con los padres y apoderados de Chile, quienes finalmente son los más afectados, dado el inminente cierre o cambio de los proyectos educativos.
En la reunión, las directivas a nivel nacional expusieron nuevamente las verdaderas problemáticas que deben solucionarse para mejorar la calidad de la educación en Chile, que tienen relación con levantar la educación pública, con el fin de beneficiar a los padres y apoderados de los colegios municipales, y así ofrecer una gama más amplia a todos los padres y apoderados de Chile. Lo anterior, en lugar de destruir los proyectos educativos de calidad existentes y darle fin a las Escuelas Especiales y de Lenguaje.
Al respecto, el senador Ignacio Walker indicó que “en la implementación de la Ley de Inclusión han surgido algunos temas relativos a la situación patrimonial de muchos sostenedores particulares subvencionados que no pueden acogerse a la nueva ley, como persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro con menoscabo patrimonial, porque es un esfuerzo de una familia, de un emprendimiento. Entonces, el Gobierno va a enviar una Ley Miscelánea en las próximas semanas, con el objeto de despejar ese camino. Y, por ejemplo, lo que era una compra o venta forzada del inmueble, que es el tema patrimonial más sensible, pueda correrse de tres a seis años y, eventualmente, a 10 años. O sea, por lo menos, hasta el año 2023 o al 2027, con el objeto de que los sostenedores puedan tener un horizonte de tiempo despejado para resolver esta transición de una sociedad comercial a una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro”.
El parlamentario añadió que “el Gobierno entiende, según lo ha comunicado el Ministerio de Educación, quiere dar todas las facilidades y, además, modificar la fecha del 31 de marzo al 30 de junio, con el objeto de tomar la decisión de si uno va a cerrar o transformarse a particular pagado, y por supuesto, no queremos que ocurra ni lo uno ni lo otro, sino que sigan siendo particulares subvencionados, como es el 55 por ciento de la matrícula en Chile”.
Cambios irrelevantes
Con respecto a lo anterior, el vocero de Redco V Región, Jaime Molina, manifestó que “de la reunión que sostuvimos ahora con el senador Walker, él nos planteó que efectivamente, la fecha del 31 de diciembre de 2017 se mantiene, es inamovible, para la creación de las corporaciones sin fines de lucro, pero manifiesta que el aviso que se debe entregar a la comunidad escolar ya no sería en marzo de 2017, sino que en junio de 2017. Nosotros le hicimos ver que esa fecha es irrelevante. Acá, lo relevante es postergar en definitiva la fecha de la creación de la corporación sin fines de lucro del 31 de diciembre, porque nosotros vemos que el costo que se va a asumir es muy alto”.
El representante anunció que “hay muchos colegios que se van a transformar en particular pagado, otros tantos van a cerrar y un porcentaje no menor, va a continuar como corporación sin fines de lucro, pero con las reglas del juego totalmente inciertas, con mucha incertidumbre, tal como él lo ha reconocido ahora, y por cierto, por algo está trabajando en este Proyecto de Ley para poder dar claridad y tranquilidad no solamente a los sostenedores, sino que también a toda una comunidad educativa que hoy día estuvo representada por la Confederación de Padres y Apoderados de Chile, Confepa, que entiende que ya esta ley presenta inconvenientes como los que se expusieron hoy con la admisión en Magallanes, y que el senador no quiso abordar”, enfatizó Jaime Molina.
