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Corte Suprema confirma sentencia que condenó a Municipalidad de Villa Alemana a pagar indemnización por mal estado de vereda

               La Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida que condenó a la Municipalidad de Villa Alemana a pagar una indemnización de $7.000.000 (siete millones de pesos) a peatón que sufrió una caída, en febrero de 2013, producto de la falta de mantención y reparación de vereda.
               En fallo unánime (causa rol 53.404-2016), la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Rosa Egnem, María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Manuel Antonio Valderrama y el abogado (i) Rodrigo Correa– ratificó la resolución que ordenó indemnizar por daño moral a Manuel Ureta Hernández.
               Ureta Hernández, el 5 de febrero de 2013, cayó a un hoyó de cerca de un metro de profundidad mientras transitaba por calle Lo Godoy de la comuna de Villa Alemana, quedando con una serie de lesiones que obligaron a trasladarlo hasta el hospital de Peñablanca.
               La sentencia del máximo tribunal ratifica la responsabilidad del municipio por falta de servicio.
               «Que la sentencia de primer grado, confirmada por la de segunda instancia, cita el artículo 5 letra c) de la Ley Nº18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, de acuerdo al cual a ellas corresponde administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, entendiendo que dicha administración comprende la obligación de mantenerlas en estado de servir a la comunidad. En este contexto, resulta claro que la demandada no cumplió con velar por el buen estado de la acera, a fin de no significar un peligro para el tránsito peatonal; ni tampoco con su obligación de señalizar los desperfectos existentes en ella, todo lo cual configura la falta de servicio imputada. Resulta probado, entonces, en concepto de los sentenciadores, tanto la relación de causalidad – en tanto la infracción municipal provocó la caída que, a su vez, genera los perjuicios demandados – como la existencia de dolores físicos, el impedimento para el actor de poder desarrollar normalmente su actividad laboral, aflicción y conmoción en el ámbito personal y familiar, todos daños morales que se dispone sean indemnizados, fijando al efecto la cantidad de $7.000.000», sostiene el fallo.
               «A lo anterior –continúa– agregan los sentenciadores de segundo grado que la sola circunstancia de reconocer el actor que al momento del accidente se desplazaba cargando un televisor en sus brazos no resulta suficiente para acreditar los presupuestos del artículo 2330 del Código Civil y estimar que el demandante se expuso imprudentemente al daño, toda vez que el desplazamiento con un aparato electrónico no constituye por sí solo una situación de riesgo, en tanto no resulta normal que en la acera por la cual circulan peatones exista un forado de grandes dimensiones y que se encuentre sin señalización alguna».
               «La interpretación armónica de las normas citadas se desprende que asistía a la Municipalidad de Villa Alemana demandada la obligación de señalizar el mal estado de la vereda en la cual el demandante sufre el accidente, hecho que, según se asentó en la causa, no ocurrió. En efecto, la defensa planteada por el órgano administrativo en el primer capítulo del recurso en examen no se dirige a cuestionar dicha conclusión, sino más bien a reconocer tácitamente la ausencia de señalización, pero aseverar que ello correspondía al Gobierno Regional. Que resulta efectivo que la Ley Nº20.035 modifica la Ley Nº19.175 sobre Gobierno y Administración Regional, agregando al artículo 16 una nueva letra j) que dispone que: «Serán funciones generales del gobierno regional: j) Construir, reponer, conservar y administrar en las áreas urbanas las obras de pavimentación de aceras y calzadas, con cargo a los fondos que al efecto le asigne la Ley de Presupuestos». Pues bien, de la sola lectura de dicha norma se desprende que ella no tiene el sentido y alcance que pretende atribuirle la parte demandada. En efecto, la nueva atribución del Gobierno Regional dice relación con las obras de pavimentación, sin que se haya acreditado en los antecedentes que el forado en el cual cae el demandante tenga alguna relación con obras de ese tipo. Por otro lado, no existe evidencia alguna que la intención del legislador a través de la introducción de una nueva función del Gobierno Regional haya sido modificar las atribuciones municipales. Es así como la Ley Nº20.035 no introduce cambio alguno en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, conservándose la administración comunal sobre los bienes nacionales de uso público, obligación que incluye también proveer a su debido cuidado, según se ha analizado de las normas transcritas en el considerando octavo precedente».

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