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Corte de Apelaciones de Valparaíso sobresee a Rodrigo Bustamante en caso de compra de insumos en el Hospital de Quilpué

Tras dos años de investigación, Fenats Viña del Mar Quillota deberá pagar los costes de la querella presentada por presunto fraude al fisco y negociación incompatible.

El subdirector administrativo del Hospital de Quilpué, Rodrigo Bustamante, hizo llegar durante esta mañana a Quilpué Online los documentos que comprueban su sobreseimiento con fecha 14 de junio del presente sobre el caso denunciado por Fenats Viña del Mar Quillota en agosto de 2020. La resolución fue apelada por el organismo federado, sin embargo, la Corte de Apelaciones, en fallo unánime de 3-0, corroboró la resolución del magistrado y  Fenats deberá pagar las costas del juicio.

El documento indica “En Valparaíso, a cuatro de julio de dos mil veintidós, se da inicio a esta audiencia a las 09:54 horas, ante la Cuarta Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, modalidad Video conferencia, siendo presidida por el Ministro señor Patricio Martínez Sandoval, e integrada por los Ministros señor Raúl Mera Muñoz y señora Inés María Letelier Ferrada, para la vista del recurso de apelación deducido por la parte querellante, representada por el abogado Sr. Ricardo Encina Herrera, en causa RIT N°2525-2020, Ruc N°2010040980-2, del Juzgado de Garantía de Quilpué, Rol de Corte N° Penal-1449-2022, contra la resolución de fecha catorce de junio de dos mil veintidós, que declaró el sobreseimiento definitivo de la causa, respecto del imputado Rodrigo Alejandro Bustamante Troncoso, condenándose en costas a la parte querellante”.

Continúa: “Asisten a la audiencia, por la parte querellante, el abogado Sr. Ricardo Encina Herrera, 30 minutos revocando y, por la defensa del imputado el abogado Sr. Felipe González Hernández, 15 minutos y por el Ministerio Público, el abogado asesor Sr. Esteban Cruz Lozano, 10 minutos ambos confirmando, quienes expusieron sus argumentos, no haciendo uso de su derecho a réplica la parte querellante, de lo que queda registro íntegro en el audio de la Sala”.

Asmimismo, “terminados los alegatos, el Sr. Presidente dio por finalizada la presente audiencia, dejando constancia que se puso término a las 10:23 horas. El Tribunal resuelve: Visto y considerando: Atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por los intervinientes en estrados y de conformidad con lo prevenido en el artículo 253 del Código Procesal Penal, se confirma la resolución de fecha catorce de junio de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Garantía de Quilpué”.

AUDIENCIA DE SOBRESEIMIENTO

En la audiencia, se declaró el sobreseimiento definitivo de Rodrigo Bustamante y condena en costas querellante, documento que se transcribe a continuación:

“RESOLUCION A PETICION DE QUERELLANTE:

Vistos y oídos los intervinientes:

Teniendo presente que al existir una querella y estar en una investigación desformalizada, la iniciativa, las diligencias o el conocimiento corresponde únicamente al querellante y habiendo escuchado a la Fiscalía, en el sentido que no existiría ningún antecedente posterior a la solicitud, no ha lugar. Se discutirá la solicitud de sobreseimiento.

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO:

1.- Que el sobreseimiento debe entenderse como un equivalente jurisdiccional, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 251 del Código Procesal Penal pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada.

Que el espíritu de la legislación procesal vigente otorga la posibilidad de término anticipado de la investigación mediante la figura de sobreseimiento definitivo, debiendo analizarse caso a caso cualesquiera sean las causales invocadas del artículo 250 del Código Procesal Penal, atendido la intensidad resolutiva del sobreseimiento definitivo.

Dicho proceso debe ser sujeto a un estricto análisis por parte del Tribunal, ya que el juzgador debe tener plena convicción acerca de la concurrencia de la causal, que hace procedente al sobreseimiento, en especial si tenemos en consideración sobreseimiento equivale a una sentencia absolutoria y produce cosa juzgada.

Que el hecho que sea el Tribunal llamado a determinar que la solicitud del Ministerio Público se ajusta al estándar de certeza mandatada del artículo 250 del Código Procesal Penal y no se emite una simple aprobación de la solicitud del Órgano Persecutor o de la Defensa o Querellante, radica en que la afectación que pudiera provocarse con dicha declaración de término a la víctima o imputado, lo que emana de historia fidedigna del establecimiento de la Ley en relación a la función del Juez. Así lo señalan las actas de discusión legislativa del Código Procesal Penal, “Distinto es el caso del juez, el cual, por diversos mecanismos, tiene la obligación de garantizar los derechos tanto del imputado como de las víctimas, y cuenta para ese objeto con amplias facultades, tanto cuando es requerido por ellos, o por iniciativa propia, dentro del marco legal”, Emilio Pfeffer Código Procesal Penal anotado y concordado. 2ª. Edición. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006, pp. 36-37. Citado en la sentencia rol 1337-2009, del Excelentísimo Tribunal Constitucional.

2.- Que en ese contexto se hace necesario realizar un breve análisis de lo planteado por los intervinientes y en especial a los tipos penales.

Que respecto del delito de fraude al Fisco, coincido con la doctrina en que  se busca proteger los delitos funcionarios, a nivel general, es el correcto funcionamiento de la función pública, reprochando todo acto contrario a la probidad, esto más allá de lo que busca tutelar en cada delito en particular, como el caso del fraude al Fisco, que además busca proteger el patrimonio fiscal, como el que se sancione el actuar, existiendo o no un beneficio económico del sujeto activo del delito.

Podemos concluir entonces que el delito de fraude al Fisco se califica como un delito compuesto, pluriofensivo, en el sentido de lo que busca tutelar es el correcto desempeño de la función pública, que se ve lacerada cuando el funcionario público no obra con probidad y resguardo del bien jurídico indirectamente debe proteger.

En consideración, a que se trata de un sujeto dependiente del Estado, así como la evidente protección del patrimonio Fiscal, que tipifica el delito como la pérdida o privación de lucro legítimo de la administración pública.

Por otra parte, el delito no hubiese sido incompatible, en tanto un delito especial propio, cuando un delito de infracción debe haber, donde la gente ha de haber actuado en el proceso de contratación pública, en cualquier etapa, con base a un título habilitante, con capacidad de decisión, facultades, competencias para intervenir en ese proceso, por lo que se trata de una situación de prevalimiento. Además, sólo se requiere que la gente actué interesadamente, por lo que se está en un delito de peligro abstracto, es decir, comportamiento descrito en el tipo penal, en que una conducta cuya realización se presume, crea un peligro para el bien jurídico, se sanciona un comportamiento por la valoración ex-ante, en cuya virtud el legislador presume sin prueba en contrario la consecuencia de la conducta típica que es la afectación del bien jurídico.

Es así que el mencionado interés puede darse tanto en los actos preparatorios, del contrato u operación, durante su discusión, la fase liquidación y por supuesto puede influir en ámbitos muy variados las presiones. Es decir, por tanto, el bien jurídico que se trata subyace en la necesidad de perseverar normativamente al normal funcionamiento de la administración pública, el interés privado de sus agentes, funcionarios, servidor público, que antepone sus intereses a ella.

En rigor, se trata de preservar los deberes funcionarios o deberes especiales positivos en la incumbencia institucional, imparcialidad, rectitud, objetividad.

En la actuación funcionaria, frente a los administradores, en general y frente a los competidores o gerentes o contratantes o negocios estatales que tienen vinculación en este caso con la actividad pública.

3.- Que en el caso de marras se debe centrar el debate en temas en concreto, no en suposiciones o el deber ser de una persona en sus actividades sociales y laborales. En concreto tenemos, que el hecho 1 y el hecho 2, existe una premisa base para resolver. Y esa premisa es que ambos se encontraban en situación de pandemia, es decir, todas las actuaciones realizadas por el imputado se basaban en una situación anormal, donde, la característica propia era, una etapa crítica, es decir, hospitales sobrepasados en cuanto a falta de insumos, en cuanto a cansancio de personal de la salud y en cuanto a la falta o deferentes en cuanto a insumos.

4.- Pues bien, en ese contexto, se debe analizar las situaciones, ese contexto de emergencia, ese contexto especial, por cuanto en el hecho 1 se invoca la adquisición de vestimentas médicas en una situación de emergencia, donde el imputado, a falta de stock, a una demanda excesiva, a falta de deferentes, lo obliga a realizar una compra respecto de productos que en ese momento tenías un valor de $1.300, es decir, comparado con aquellas de $650, tal como se desprende en las propias diligencias de investigación, se trataba de elementos que se filtraban, era de baja calidad, es decir, que además ese mismo proveedor había cancelado la orden de compra, por lo tanto, se puede realizar una valoración expos o ex-ante respecto de esa compra, es decir, efectivamente existía la posibilidad del imputado realizar la comprar respecto de productos los cuales los propios funcionarios de la salud, es decir, los que lo utilizaban, indicaban que era de mala calidad y que debían incluso dejar en las mismas bodegas. Por lo tanto, frente a esa situación, el proveedor, en este caso, entrega la posibilidad de realizarse la compra en este caso a $1.300, por tanto, ante este escenario el imputado tenía una necesidad urgente, acudió a una empresa que efectivamente le podía proveer lo que buscaba, a un precio menor a lo que ya había vendido a otros hospitales, es así que en el Hospital de Quillota los vendió a $3.300, al Hospital Gustavo Fricke los vendió a $1.800, es decir, si lo realizamos una comparación y una comparación entre iguales, es decir, entre iguales situaciones, entre iguales situaciones críticas, la compara efectivamente no fue perjudicial, no lo podemos comparar con la suma de $750, ya sea por la calidad y ya sea porque el mismo proveedor de dicha oferta había cancelado dicha compra.

A lo anterior, se debe tener en cuenta que la propia entidad fiscalizadora y el propio Ministerio Público han coincidido en que no existió delito, atendidas las circunstancias especiales. Si bien es cierto, si lo operamos en otro contexto, efectivamente llama la atención, que este sujeto realice compras respecto a aquello que supuestamente habría tenido una situación de amistad. Sin embargo, la propia situación de amistad, en este caso, se debe dejar o se debe extrapolar al caso de la situación especial, que es la base de la presente resolución. Por lo tanto, en el caso de marras fue lo adecuado y lo necesario para la pronta atención de los pacientes y especialmente el cuidado de los funcionarios, es así que en el hecho N° 1, tal como lo indiqué, alegaban que dichas vestimentas o dichas “percheras” eran de mala calidad y se filtraban los líquidos.

Por tanto, dichos documentos se extienden además igualmente al hecho N° 2, es decir, que existía una situación de emergencia, no existía papel higiénico en un hospital, lo que efectivamente es de carácter grave, se requería una solución urgente y el pago se realizó contra factura y siete días después de haber sido puesto en bodega.

Por lo tanto, esos son los antecedentes en concreto que se deben determinar, la situación respecto a la alegación del sobreseimiento debe basarse únicamente en estos dos delitos, por la cual el Querellante presentó su querella, es decir, Fraude al Fisco y Negociación Incompatible. Que los demás delitos que hizo alusión el Sr. Querellante más bien son suposiciones carentes, al menos en esta etapa procesal, de argumentos y siquiera se realizaron diligencias para aquellos, porque siquiera fueron solicitadas.

Por tanto, podemos vislumbrar que efectivamente la realizaciones de amistad en este caso, no obstaron a que si efectivamente realizara una compra en circunstancias especiales y bajo ciertas características, estas compras se efectuaron en forma correcta y así lo determinó tanto en sede administrativa como en sede fiscal, en este caso el Ministerio Público, a lo que este Juez efectivamente entiende que ocurrió, por lo tanto, no existe ningún delito asociado, tanto el artículo respecto de la negociación incompatible y fraude al Fisco, y se decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO en virtud del artículo 250 letra a), con costas.

A solicitud de la parte querellante, se concede copia de audio de la presente audiencia.

Dirigió la audiencia y resolvió – MILENKO GRBIC MIRANDA”.

 

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