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Funcionaria de Mindep pide a Gobierno del presidente Gabriel Boric mayor protección a la mujer en protocolos que sancionan acoso laboral a derechos maternales

Claudia Chaparro señaló argumentó que “quien acosa una vez, va a seguir haciéndolo, pues tiene una posición de poder en relación a la víctima" y, del mismo modo advirtió que “si hoy existe un registro de deudores de pensiones de alimentos, podría existir también un registro de acosadores laborales”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la funcionaria del Ministerio del Deporte, Claudia Chaparro, quien en enero denunció publicamente a la exsubsecretaria de la misma Cartera del Gobierno de Sebastián Piñera, por maltrato laboral y vulneración de sus derechos maternales, solicitó al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, una mayor protección del Ejecutivo en esta materia y un registro de acosadores laborales.

Luego de una serie de episodios ocurridos desde 2018 en que la funcionaria acusa haber sufrido discriminación hacia su maternidad, tal como lo indica el fallo del 5 de enero de este año, Chaparro dijo que “tras la sentencia firme y ejecutoriada desde el 15 de septiembre de 2022, ésta no ha sido cumplida, pues, hasta la fecha, no se ha removido del cargo a ningún acosador, ni se ha dado disculpas públicas”, afirmó.

Con un potente mensaje, la abogada de la división jurídica de Mindep, agregó que “el acoso laboral es producto de conductas abusivas, ya sean estas omisivas o no y, justamente, es porque las realiza una o varias personas en contra de alguien. Entonces, cómo se puede explicar el hecho de que existiendo una sentencia judicial no exista ningún sancionado frente a un acoso laboral”.

La funcionaria relató que “luego de mi postnatal, volví a trabajar el 26 de agosto de este año en jornada de postnatal parental diurno, sin que a la fecha se adopte ninguna medida en relación a una persona que ha sufrido acoso y con una sentencia, respecto a no mantenerme en contacto con las personas involucradas en el acoso laboral, pues, según se indica, estas personas deben cesar en las vulneraciones y la autoridad no ha adoptado ninguna medida al respecto, es más, he debido incorporarme al teletrabajo relacionándome con las mismas personas que me vulneraron”.

En este marco, argumentó que “es por eso que hago un llamado al gobierno a analizar esto que daña a la administración pública, porque quien acosa una vez va a seguir haciéndolo, pues tiene una posición de poder en relación a la víctima. Si hoy existe un registro de los deudores de pensiones de alimentos, podría existir también un registro de acosadores laborales”.

Si bien, el tema de la abogada Chaparro es un problema heredado del Gobierno anterior, no se ha hecho cumplimiento a un fallo y las consecuencias administrativas que esto ha tenido, siendo incluso un caso emblemático que se está tratando a nivel de la ANEF por sus implicancias en materias de género.

Cabe destacar que la Contraloría General de la República, entidad fiscalizadora en este caso, en atención al fallo reconoció el daño causado a la afectada mediante su dictamen Nº 6677 del 31 de agosto de 2022, lo que sienta un precedente en materia de rechazo de licencias médicas, en la causal de acoso laboral, asumiendo el daño causado por una institución del Estado a la víctima.

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