Ex alumnos y docentes de Centro de Formación Técnica PRODATA denuncian irregularidades en el establecimiento educacional

Diputado Marcelo Schilling ofrece ayuda jurídica a los afectados para lograr una pronta solución.
Sueldos impagos, cheques sin fondos y documentación retenida son sólo algunos de los problemas a los que se han tenido que enfrentar los profesores y estudiantes del Centro de Formación Técnica (CFT) PRODATA de Quilpué.
Las dificultades comenzaron a presentarse en octubre del año pasado cuando docentes y administrativos dejaron de percibir su sueldo. Además, otros inconvenientes referidos a arriendo y consumos básicos con los sostenedores del colegio en donde funcionaba el Centro en horario vespertino, empezaron a agravar la situación.
Profesores y estudiantes se reunieron en el Congreso Nacional para ser escuchados por los parlamamentarios.
Jacqueline Jalil, Profesora de Derecho del mencionado instituto, es una de los más de 30 docentes afectados por la situación. “El primer problema es que no cumplieron con los montos de sueldo que habían ofrecido. Además, las mallas eran las mismos pero las horas bajaron, lo que significó mucha presión para poder pasar la materia en menos tiempo”.
A principios de diciembre, a raíz de discrepancias entre los socios, se informó a los profesores sobre un cambio de sede a un lugar que no contaba con los requerimientos básicos para el normal desempeño de las carreras, razón por la que enviaron una carta a Iván Aedo, Rector del Centro de Formación Técnica PRODATA Osorno, para informar de los sueldos impagos y del cambio de ubicación.
“La única explicación que nos dieron es que no tienen plata y que van a pedir un crédito para pagarnos. Pero dudo mucho que se los den en alguna parte si tienen cheques protestados a otros profesores”, indica la profesora Jacqueline Jalil.
Ese mismo mes, Manuel Razeto -representante de la Sociedad de la que depende el mencionado instituto, Praxis – se presentó en la sede con una orden de fiscalía para retirar toda la documentación existente en dicha oficina de alumnos, docentes y administrativos.
TOMA DE LA SEDE EN MARZO DE 2012
Los nuevos encargados de la Sociedad Educacional, informaron a los estudiantes del cambio de sede y el cambio a clases semi presenciales, razón por la que los alumnos solicitaron la devolución de sus antecedentes y certificados de notas para poder cambiarse a otra institución. Toda esta documentación les fue negada.
Por esta razón, en marzo de este año, realizaron una  toma de la sede como una forma de presión para que la Sociedad Educacional les hiciera devolución de sus papeles para poder matricularse en otra institución. En esa oportunidad, los docentes volvieron a entregar las notas de los alumnos con el fin de ayudar y con el compromiso de recibir sus honorarios por los servicios prestados.
Los afectados asistieron a una sesión de la Cámara de Diputados para conseguir la atención de los parlamentarios.
Además, algunos de los profesores concurrieron a la Notaría Farren, ubicada en Villanelo, Viña del Mar, a firmar un documento en donde se repactaba el pago para una fecha posterior. Sin embargo, hasta el momento, los cheques han sido protestados.
A todo esto se suma la retención de la devolución de los impuestos por inconsistencias de este agente retenedor -situación que se está resolviendo caso a caso y que ya sólo afecta a pocos docentes- y un sinfín de reclamos por diferentes motivos por parte de los alumnos.
“Aún tengo mi sueldo de diciembre pendiente y mi devolución de impuestos está retenida porque ellos no declararon bien y como figuran inconsistencias en mis datos yo no puedo acceder a la devolución de impuestos a que tengo derecho”, agrega la profesora Jalil.
A partir de mediados del mes de diciembre en adelante como los docentes ven incumplidos los compromisos prometidos por el señor Manuel Razeto, presentaron las denuncias respectivas en la Inspección del Trabajo de Quilpué, realizándose los respectivos comparendos, sin embargo, de este trámite, no se han obtenido mayores resultados.
ESTUDIANTES MOLESTOS
Al respecto de la toma que los estudiantes realizaron en marzo de este año, Helmut Berger, alumno del segundo año de Técnico en Enfermería, indicó que, “a pesar de que nos devolvieron algunas cosas,  se ha perdido mucha documentación, lo que nos perjudica porque estamos corriendo el riesgo de no terminar nuestros estudios”.
Por otro lado, las irregularidades que los afectaron abarcan distintas aristas. Katherine Zuñiga, también del segundo año de Técnico en Enfermería, se refiere al anecdótico caso de dos alumnas que fueron matriculadas en su carrera sin haber estudiado en la Enseñanza Media.
En su oficina el diputado Marcelo Schilling escuchó a los afectados y les ofreció ayuda jurídica.
“El año 2010 se matricularon dos alumnas que tenían sólo octavo básico. La idea era que dieran exámenes libres para obtener la licencia del cuarto medio. Sin embargo, no se sintieron capaces de seguir estudiando, lo que era lógico pues no tenían las nociones básicas de muchos ramos que se entregan en el colegio”.
Por otro lado, el caso de Andrés Pérez no es menos increíble ya que el alumno que es no vidente, se matriculó en la carrera de Técnico en Informática, sin embargo, cuando comenzó a estudiar se dio cuenta con extrañeza de que lo habían matriculado en Técnico en Redes, carrera que es imposible que pueda ejercer de acuerdo a sus características físicas.
“Además de que estaba estudiando algo en que jamás podría ejercer, a mi y a otros alumnos nos hicieron pagar cuotas sin firmar ningún recibo. Siempre tenían excusas para no darnos un comprobante de pago. Es verdad que fue un error el que nosotros lo hayamos aceptado, pero en ese momento no desconfiábamos de nadie”, comenta Andrés.
ACCIONES LEGALES
Las acciones que profesores y alumnos han realizado hasta el momento no han solucionado ningún tema, razón por la que decidieron acercarse al congreso a pedir la ayuda de los parlamentarios. Es así que el diputado Marcelo Schilling (PS) se comprometió con los estudiantes a ofrecerles ayuda jurídica mediante abogados que el mismo contratará.
“Lo primero que hay que hacer es una evaluación con abogados acerca de los ilícitos que se puedan haber cometidos por este centro de formación técnica. Luego de ese análisis jurídico, habrá que revisar las acciones que se puedan deducir en tribunales por los profesores y estudiantes que se sienten estafados por la suscripción de un contrato que no ha sido cumplido”.
 

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