La violencia en la democracia

Andrés Rojo Torrealba. Periodista y comentarista político. Quilpueíno.

A estas alturas ya nadie cuestiona el derecho del pueblo a rebelarse contra un gobierno opresor -aunque el asunto se discutió durante siglos, casi hasta que ya no quedaba sobre el planeta un número significativo de ese tipo de regímenes-, pero ahora, cuando a propósito de la rebelión ciudadana en Aysén se dice que la gente está cometiendo actos de violencia es oportuno proponer que se discuta el derecho a generar hechos de violencia dentro del marco democrático.

A primera vista, parece lógico afirmar que no es posible aceptar la violencia dentro de la democracia, pero eso es suponiendo que el sistema democrático cuenta con canales eficientes para que la gente exprese sus puntos de vista y demandas.
Si se acepta que el gobierno dentro de la democracia es el arte de articular las distintas exigencias existentes al interior de la sociedad, se debe aceptar también que a todos se les debe reconocer el derecho de plantear sus necesidades de manera eficaz, por lo que antes de achacar a la gente que protesta la condición de violentistas hay que analizar si no es esta la última alternativa que les quedaba.
Sin entrar siquiera a considerar la justicia de las demandas de Aysén, hay que reconocer que la institucionalidad regional no sirve para canalizar las inquietudes populares: Intendentes y demás cargos dependen de la confianza política del gobierno central y no son electos por la gente, por lo que no tienen la necesidad de atender las demandas sociales. Los parlamentarios intentaron intermediar recién al término de sus vacaciones, más para que se viera que estaban con la gente y que de verdad actuaban como sus representantes, y no fueron ni siquiera recibidos.
Sin saber cuántas gestiones previas hubo dentro de los cauces institucionales, es posible suponer que si la gente en Aysén ha llegado al extremo de auto-bloquearse y someterse a una situación de desabastecimiento de todo tipo, es porque realmente ha llegado a un estado de desesperación que los ha motivado a apostar por la movilización.
Y si a ello se agrega que el Gobierno envía ministros a la zona y estos se marchar sin entregar propuestas sobre las que negociar, bajo el argumento de que la gente no ha depuesto sus movilizaciones, el resultado evidente es que las medidas de presión se incrementarían, así como era evidente que nadie que ha logrado llamar la atención de su contraparte cede totalmente el poder de negociación que ha conquistado.
Hay distintos grados de violencia. La que tiene connotación de delito es directamente un delito, pero si las personas se ponen a caminar en círculos con pancartas, como en las películas, es dable esperar que todavía estarían pisando la tierra sin ningún resultado. El punto es determinar cuál es el grado de violencia aceptable en una democracia así como el grado de fuerza para mantener el orden sin llegar a coartar los derechos ciudadanos, pero antes hay que analizar si la democracia está entregando las herramientas necesarias para que no se requiera la violencia porque, al final, la vida no es una película en blanco y negro.

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