Adecuaciones curriculares son imposibles de aplicar en estudiantes con capacidades diferentes, problema que se suma a la reconversión de dichos proyectos a escuelas regulares.
Francia Lagos, presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Escuelas Especiales (Unees), ha sostenido una larga lucha en defensa de la educación de los niños y adolescentes con capacidades diferentes, no solamente como dirigente sino que también desde su propio proyecto educativo que desarrolla en Quillota por más de 30 años. A la difícil tarea que significa sostener un colegio de esta índole, se agregan los problemas que la Ley de Inclusión y el Decreto N°83 conllevan en este ámbito, ya que deberán convertirse en escuelas regulares.
Desde su Centro Educacional “Arco Iris Bajo El Sol”, en Quillota, explica algunos de los puntos que atentan contra los derechos de sus alumnos y critica una ley que cataloga de ideológica e imposible de aplicar.
“Las escuelas especiales son las más perjudicadas, tanto con la Ley de Inclusión como con el Decreto N° 83. Si esta ley no termina con las escuelas especiales, la terminan con el Decreto N° 83. Y las razones son las siguientes: la Ley de Inclusión tiene exigencias de arriendo, de vender o comprar los colegios y las características de los colegios especiales son las siguientes: nunca han tenido copago, son gratuitas en todas partes de Chile; los niños que se atienden son muy vulnerables, de bajos recursos, por lo tanto es imposible que se puedan pasar a particulares pagadas; la mayor parte están ubicadas en sectores marginales y rurales, donde la tasación fiscal es muy baja, por lo tanto es imposible que esas escuelas se puedan comprar o vender la propiedad”, comienza.
Francia Lagos especifica que “el Decreto N° 83 reconvierte a las escuelas especiales a trabajar en la parte de metodologías como una escuela regular. Yo sé que es un poco difícil de entender, pero trataré de simplificarlo un poco. Este decreto determina adecuaciones curriculares para todas las asignaturas de una escuela regular, donde los niños de acuerdo a su edad cronológica tienen que estar ubicados en determinados cursos desde Prekinder hasta Octavo Año Básico. Para nosotros, la edad cronológica de los alumnos es un referente, pero nosotros trabajamos por edad mental”.
Agrega que “aparte de eso, todas las asignaturas que tiene un sistema regular de educación, nosotros debemos hacer adecuaciones curriculares. Es decir, nos cambia completamente el enfoque técnico de trabajo a un programa individual por niño de acuerdo a los requerimientos que ese niño tiene como nosotros trabajamos. Segundo, nosotros jamás ponemos notas del uno al siete, nosotros medimos los estados de avance y del 100% del programa vamos viendo qué porcentaje el niño va logrando cada mes, y lo vamos evaluando cada tres meses. Ahora, con este decreto, estamos obligados a poner notas del uno al siete y a dar certificados de promoción a fin de año. Concluyendo, nuestros niños por capacidades van a sacar sólo notas rojas, no van a poder tener buenas notas y van a repetir todos los años”.
La presidenta de Unees, asevera que “nosotras, como educadoras diferenciales, vamos a tener que empezar a trabajar como profesoras básicas, cosa que encuentro absolutamente ilógica, porque cuando yo elegí ser educadora diferencial no elegí ser profesora básica, y creo que nosotros debemos tener la libertad de ejercer la profesión que cada uno elige. Por lo tanto, dejamos de ser también los profesores idóneos para estar al interior de las escuelas especiales. En el fondo, las escuelas especiales se reconvierten en escuelas regulares y, por supuesto, ante esas condiciones las escuelas van a dejar de funcionar”.
NUDOS DE LA LEY
Al respecto, el académico y candidato a senador por la Quinta Región, Pedro Sariego, manifiesta que “en este país siempre tenemos la comedia de las cosas mal hechas. A mi juicio, la Ley de Inclusión es una de ellas. No se entiende la lógica de agrupar a los niños con capacidades especiales con el resto, porque ellos requieren en general, salvo excepciones, una atención especial para lo que un profesor no está preparado. Entre otras cosas, se pierde la figura del educador diferencial, qué va a pasar con toda esa gente. Donde esto se ha hecho bien, siguiendo el modelo de los países escandinavos, donde los cursos son bastante pequeños. En un curso de 15, 12 o 10 alumnos probablemente sea muy posible atender bien a un niño con capacidades especiales, pero en un curso de 45 alumnos, como suele ocurrir en nuestros colegios públicos, es un tema que no deja de preocuparme”.
Agrega que “cuando uno habla de autistas profundos que requieren de atenciones especiales de terceros, los cursos son de dos a tres niños, con personas en el aula con una capacidad de aprendizaje bastante limitada. De verdad esos niños van a ser llevados en el aula (con la nueva ley). En realidad, yo creo que aquí alguien está pensando mal o no tienen la menor idea de lo que están haciendo”.
Por su parte, el candidato a diputado por Quinta Cordillera, Manuel Cárdenas, quien conversó largamente con Francia Lagos, indica “de hecho, ella está muy preocupada porque es directora de una escuela especial. Esta Ley de Inclusión, unida con el Decreto N° 83, hacen que este tipo de escuelas desaparezca. Eso significa que los niños que están con problemas van a tener que volver a sus casas, y esto va a provocar problemas de otro ámbito, como en las familias, la sociedad. Cada alumno perteneciente a escuelas especiales es un individuo que tiene características particulares y no se puede meter todo en un mismo saco. De hecho, estas escuelas tienen profesionales capacitados para poder tratarlos en forma personalizada, lo que es difícil de dar en otro ámbito”.
Asimismo, el abogado Leonardo Contreras, candidato a diputado por Quinta Costa, enfatizó que “la reforma al sistema escolar, además de traer problemas generales relacionados con la libertad que tienen los padres para elegir el establecimiento de sus hijos y afectar a los profesores que han formado sus colegios como sostenedores, hoy nos damos cuenta de que tiene una nueva falencia en relación a la educación especial puesto que trae consigo una injusticia en el tratamiento a estos niños que requieren de una atención especial”.
Leonardo Contreras ejemplificó “en el caso de los sordos, van a tener que ser incluidos en una escuela entre comillas de educación formal, escuelas que no cuentan precisamente con un intérprete de señas. Los profesores no están capacitados en estas materias, por lo tanto, se va a producir un tratamiento injusto, así como para niños y jóvenes que tienen problemas conductuales por algún tipo de enfermedad o discapacidad. Obviamente, podrán ser y van a ser objeto de bullying en este contexto, totalmente diferenciados, que va a terminar por excluirlos al interior de un colegio y de una reforma que está buscando supuestamente la inclusión”.
El abogado agregó que “además, afecta laboralmente a varios psicopedagogos que no son profesores, que cumplen funciones y sus sustento está en las escuelas especiales, porque la necesidad laboral que va a haber en el sistema regular no va a dar abasto”, finalizó.
